Vale ya.

He dicho.

Vale ya, joder.

Dejemos de justificar lo injustificable.

Bf.


El Defensor del Pueblo denuncia a los centros de menores por vulnerar los derechos de los niños.

El organismo revela castigos corporales y maltratos psicológicos como prohibirles asistir a la escuela o dejarles sin comer.

Los centros de protección de menores con trastornos de la conducta y en situación de dificultad social, una suerte de "internados" para chicos con problemas psíquicos, vulneran los derechos fundamentales de los niños a su cargo. Castigos corporales no justificados, maltratos psicológicos, dejarles sin comer, prohibirles asistir a la escuela, humillarles y ridiculizarles son algunas de las cosas que un extenso informe del Defensor del Pueblo, que ha recibido hoy al Congreso, achaca a estos lugares, dependientes de las administraciones públicas pero gestionados por fundaciones privadas.

Uno de los lugares donde se ejemplifican los problemas hallados por el defensor es el centro de Picón de Jarama, en Madrid. Allí se suicidó a principios del pasado diciembre un chico marroquí de 12 años. Poco después, un adolescente intentó hacer lo mismo, aunque en este caso, sin éxito. El centro acumula más de una docena de denuncias aceptadas a trámite en los juzgados. Principalmente, por excesos a la hora de "retener corporalmente" a sus internos.

Este es uno de los muchos "eufemismos pedagógicos" que denuncia el defensor, cuyo informe asegura que estos centros son mucho más duros "que los de reforma". Las "contenciones físicas" según se denuncia no las realizan en todos los casos personas especializadas ni sólo en situaciones muy excepcionales, sino como método de reprender y llegando a causar lesiones físicas a los niños.

Unos eufemismos, "medidas educativas creativas", que encubren prácticas como atar por las muñecas a dos muchachos o castigar en salas de aislamiento "mucho más tiempo del aconsejado" a los menores. Además, según subraya el informe, con una intención no educativa, sino de castigo. También se alude al uso de fármacos sin que quede clara su utilidad y sin un protocolo establecido.

Una larga lista de "problemas" que el informe achaca, entre otras cosas, a la "insuficiente regulación autonómica en la materia" lo que hace que "las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede ser aún más duro que en los de reforma".

http://www.elpais.com/articulo/espana/Defensor/Pueblo/denuncia/centros/menores/vulnerar/derechos/ninos/elpepuesp/20090202elpepunac_6/Tes


Algunos ejemplos

El centro de protección para la atención a menores con trastornos de conducta de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo, una humillación que se repite en la mitad de los seis centros de estas características que existen en la región en otras modalidades, como las contenciones físicas de gran violencia. Así se desprende del informe de Múgica, que analiza 27 de los 58 centros del país.

El pasado 10 dse julio un menor presentó una denuncia contra este centro en la que reflejó que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes lo habían llevado a su habitación y lo habían "reducido a la fuerza", metiéndolo en un cuarto de castigo en el que "los vigilantes y un tutor se abalanzaron sobre el menor para que no pudiera escapar, dejándole sin respiración y llegando casi a ahogarlo".
Dos meses más tarde, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia recibió otra queja de un menor que decía haber sido atacado por un empleado de la seguridad, que le asestó "dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica utilizada para detectar metales en los cacheos". "No sólo no llevaron al niño al médico, sino que se le dejó toda la noche aislado y sin supervisión médica", continúa la queja.

El caso más sangrante en la Comunidad de Madrid es el del centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O'Belén y ya cerrado por el Defensor ante las múltiples irregularidades que presentaba. Entre otras cosas, en estas instalaciones se cerraban las puertas blindadas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno.

El Defensor del Pueblo también denuncia el "deterioro general" que presenta el centro Casa Joven Juan Carlos I, ubicado en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y gestionado también por la Fundación O'Belén. Durante la visita de los expertos del Defensor, los menores denunciaron que llevaban dos semanas sin agua caliente.


El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha elaborado un informe sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el que, entre otras cuestiones, recoge las quejas planteadas por menores que han estado internados en el centro Isla Pedrosa, en Cantabria, gestionado por la Fundación Cruz de los Angeles.

En el apartado referido a la valoración que hacen los menores entrevistados de su estancia en este centro, figura que se muestran descontentos; que consideran "buena, pero distante", la relación con los educadores, y señalan que no les dejan expresar muestras de afecto físico, ni hablar bajito entre ellos.

También consideran "excesivo", que después de una fuga, se les encierre dos días en una sala de contención, y entre otras cuestiones expresadas por los menores entrevistados está la queja expresada por varias niñas de que sienten claustrafobia durante el tiempo en que permanecen encerradas.

Completa el listado de opiniones la "injusticia" que para los menores supone que algunos niños sean castigados al no ser capaces de atender las indicaciones de los educadores, bien por estar "sobremedicados" o por causa de la enfermedad que padecen (esquizofrenia), mientras una de las entrevistadas se quejó de aprender "cosas malas" que le enseñan los niños mayores.

El informe recoge también la información proporcionada por la comunidad autónoma, que expone que el Centro de Socialización de Isla Pedrosa tiene un reglamento de régimen interior aprobado por la Dirección General de Acción Social.

Fines

Como fines de la actividad del centro se señalan la reeducación y reinserción social de los menores sometidos a medidas judiciales de protección de carácter excepcional, y referidas a menores en situaciones predelictivas y de desprotección.
Indica que existen salas de aislamiento que se utilizan únicamente cuando se originan situaciones de peligro para el menor o sus compañeros, por tiempo determinado, y con la incoación de un expediente sancionador.

Los únicos medios mecánicos de contención que existen son los grilletes reglamentarios de los guardias de seguridad, y sólo se emplean para reducir a un menor que pone en peligro a los demás o a sí mismo, y por el tiempo imprescindible para su reducción.

En el informe de la Consejería de Empleo y Bienestar Social se señala que los menores que no están sometidos a contención no tienen restricción de derechos constitucionales. Para los menores que sí están sujetos a medida de contención se aplica, bien directamente, bien supletoriamente, el reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 5/2000.

El Centro de Socialización Isla Pedrosa , situado en Pontejos, es un centro de régimen cerrado para menores que no aceptan normas de convivencia. Gestionado por la Fundación Cruz de los Angeles, existe un convenio de reserva y ocupación de 7 plazas.

Todos los ingresos se producen a instancia de la Administración, con orden o autorización judicial para poder aplicar medidas de contención. Habitualmente la entidad pública ostenta la tutela de los menores, aunque en ocasiones asume sólo la guarda por haberlo solicitado así los padres.

La permanencia máxima viene determinada por lo dispuesto en la orden o autorización judicial. El alta está motivada, bien por la terminación de la medida por transcurso del plazo, bien por estar el menor en condiciones de residir en su domicilio familiar o en recurso normalizado.

http://www.eldiariomontanes.es/20090202/mas-actualidad/sociedad/informe-recoge-quejas-menores-200902022003.html